Sobre la Eutanasia y el Suicidio Asistido

El pasado 8 de febrero de 2016, Izquierda Unida encargó a la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado que votara una Proposición no de Ley para la despenalización de la Eutanasia y el Suicidio Asistido. Tras aquella moción se volvió a intentar en el congreso de los diputados una nueva moción, cuestión que todavía no se a resuelto. 

Me gustaría, independientemente de la motivación de dicho partido y de la conveniencia y formas empleadas para ello por parte de Izquierda Unida, apoyada por el PSOE, PODEMOS Y CIUDADANOS, explicar la razón de mi oposición (y la del Partido Popular, a quién represento) a dicha proposición.

La primera razón de refutación a las propuestas de legalización tiene que ver con el supuesto consenso social y “científico” a favor de la eutanasia y el suicidio asistido, consenso que sólo existente en la mente y deseos de los que así lo manifestaron, queriendo hacer ver que los que pensamos de forma distinta a su monolítico entender carecemos de personalidad y pensamiento propio o, directamente, no existimos. Incluso peor, los que opinamos distinto, no solo no tenemos criterio propio, sino que está contaminado por nuestras “creencias religiosas”. Al final es lo mismo, no pensamos, sino que nuestro criterio es prestado.

El otro aspecto que quiero rebatir y que puede servir ya de introducción al meollo del asunto es la denominación de “Derecho a una muerte digna”, en el sentido que parece que se quiere dar a entender que algunas vidas privadas de cierta calidad son indignas. Debe incidirse en que esto supone la emisión de un juicio apriorístico y objetivo, por parte del ordenamiento jurídico propuesto, sobre la dignidad o falta de dignidad de ciertas vidas, previo al juicio que emite el propio sujeto.

Pero es también fundamental mostrar las consecuencias negativas y destructivas que la eutanasia y el suicidio asistido pueden tener para la sociedad, empezando por que todo ser humano posee una dignidad intrínseca e inviolable, que no es susceptible de gradaciones, que es universal e independiente de su edad, estado de salud o autonomía. Una dignidad inherente a toda vida humana, que le confiere el derecho irrenunciable a la vida, y que el Estado tiene deber inexcusable de proteger, incluso cuando la persona, su titular, pueda no valorarla.

Tan dudoso éticamente es el papel de la eutanasia como el del encarnizamiento terapéutico, pero, insistimos, el principio básico debe ser el del respeto máximo de la vida humana. La convicción de que matar o ayudar a matar no es lo mismo éticamente que dejar morir cuando no hay terapia y la situación resulta irreversible. Los ciudadanos deben tener claro que eutanasia y cuidados paliativos son realidades opuestas.

Ante la pretensión de auto arrogarse la propiedad del denominado “Derecho a una muerte digna”, dando a entender que algunas vidas privadas de cierta calidad son indignas, debe incidirse en que esto supone la emisión de un juicio apriorístico y objetivo, por parte del ordenamiento jurídico propuesto, sobre la dignidad o falta de dignidad de ciertas vidas, previo al juicio que emite el propio sujeto.

De este modo, cuando la eutanasia se presenta como una alternativa, aumenta la presión sobre los enfermos que se consideran ya una carga. Se produce así una “moralización de la eutanasia”, en la que ésta, lejos de ser “una” solución, aparece como “la” solución más adecuada moralmente. Dicho de otra forma: no se autorizará la eutanasia si objetivamente pensamos que esas vidas tienen dignidad per se y sí se aplicará cuando consideramos que carecen de ella. Con lo que el riesgo para la consideración jurídica de igualdad de todos los seres humanos y misma dignidad es enorme, y obliga a que cualquier forma legalizada de eutanasia vaya acompañada de una descripción por parte del Estado de las vidas que no merecen ser vividas.

¿Y puede alguien asegurar que el Estado será capaz de crear límites seguros para la praxis efectiva y justa de la eutanasia? La lógica nos dice que no, que es imposible. Y la práctica confirma que esos límites, lejos de ser fijados de forma segura, terminan difuminándose. Según la experiencia de Holanda, Bélgica, Suiza y Luxemburgo, únicos países conocidos en el mundo democrático que tienen legalizada la eutanasia, los temas relacionados con la vida y la muerte no se prestan para una definición clara y, sin eso, no es posible establecer salvaguarda adecuada contra la eutanasia no voluntaria, siendo imposible asegurar, finalmente, que todos los casos fueran de verdad voluntarios y sin abuso de la ley.

En definitiva, es imposible asegurar que las personas más vulnerables, los ancianos, los enfermos, los dependientes y los afectados de enfermedad mental no se sentirían presionados, real o imaginariamente, a pedir la eutanasia. La situación en la que una legalización de la eutanasia deja a los más dependientes y desprotegidos es de inseguridad. Por eso, el discurso proeutanásico encierra una gran paradoja. Se construye desde una concepción radical de la autonomía del paciente o del individuo, cuando resulta que afecta principalmente a quienes están en condiciones mas desfavorables para ejercerla y dependen más de la atención de los demás.